EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA DECLARA

Adherir a la Declaración efectuada por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, DHCS-2023-12-E-UNC-REC, de fecha 22 de agosto de 2023 y a la Declaración efectuada por el señor Decano de esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, DD-2023-1-E-DEC#FD, de fecha 30 de agosto de 2023: “Las universidades públicas en general y la Universidad Nacional de Córdoba en particular, se encuentran entre las instituciones más valoradas por la sociedad. Esta casa de Altos Estudios fue la primera universidad argentina y ha mantenido su prestigio y excelencia académica por más de cuatro siglos. Por ello, este Honorable Cuerpo, defiende el carácter indelegable del rol del Estado en aspectos estratégicos para el país, tales como la educación pública y gratuita y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ratificamos nuestro compromiso con el sistema público, laico y gratuito de educación superior, que a lo largo del tiempo ha establecido una relación virtuosa con los diversos organismos de Ciencia y Tecnología que encuentran en el propio sistema universitario el ámbito de trabajo de muchas de las investigaciones por ellos desarrolladas.
Esta situación no solo permite integrar la generación de conocimiento con los procesos de enseñanza, sino que además potencia el rol institucional conjunto para los procesos de articulación, extensión y transferencia tecnológica con nuestro sistema socio-productivo. La actividad científica de nuestros equipos de docentes investigadores/as es posible, en gran medida, gracias al financiamiento proveniente de los distintos niveles del estado. Y por ello la inversión de organismos estatales como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es estratégica. El Congreso de la Nación aprobó por unanimidad en el año 2021 la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que declara de interés nacional el fortalecimiento del Sistema, fijando una pauta progresiva de financiamiento con el objetivo de consolidar la producción, difusión y apropiación del conocimiento científico y tecnológico en el territorio nacional, a los efectos de desarrollar y diversificar la matriz productiva. Este marco normativo surge desde el convencimiento de que la ciencia y la tecnología son un factor determinante para establecer una senda de desarrollo y soberanía. La defensa de la universidad pública es la defensa de la justicia educativa, de la soberanía científica y de la democracia. La educación no es un gasto, es inversión que vuelve en recimiento económico, cultural y de bienestar para nuestra nación”.